La Comisión Europea ha propuesto retrasar el inicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como Reglamento EUDR, que tiene como objetivo garantizar que los productos comercializados en la Unión Europea no contribuyan a la deforestación. Este reglamento establece que las empresas deben asegurarse de que los productos agrícolas y forestales que importen o vendan en el mercado europeo no provengan de tierras deforestadas después de 2020, un esfuerzo en línea con los compromisos ambientales y climáticos de la UE.
El retraso propuesto se debe a varios factores, entre ellos la necesidad de proporcionar más tiempo a las empresas para adaptarse a las nuevas exigencias de trazabilidad y verificación, que implican recopilar datos precisos sobre la cadena de suministro. Además, los Estados miembros y las empresas necesitan tiempo para establecer los sistemas de control y supervisión necesarios para cumplir con el reglamento de manera efectiva.
La medida también tiene en cuenta la complejidad de la implementación, dado que afecta a diversos sectores como la soja, el aceite de palma, la carne, el cacao, el café y la madera, y abarca tanto a grandes como pequeñas empresas. Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por aquellos que argumentan que un periodo de adaptación más largo es necesario, también ha generado preocupación entre los defensores ambientales, quienes temen que un retraso prolongado pueda comprometer los objetivos del reglamento en la lucha contra la deforestación global.
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